El poder también tiene responsabilidades

El cierre de Papelera del Sur nos invita a reflexionar sobre una responsabilidad que no termina en los gobiernos: la de quienes, desde el ámbito privado, también influyen en el destino de una comunidad.

Durante muchos años, mi padre transportó los productos de Papelera del Sur. Nunca fue empleado directo de la fábrica, pero aquella actividad contribuyó al sustento de nuestra familia y nos permitió, a mi hermana y a mí, acceder a una educación universitaria. Como en tantos otros hogares de Tornquist, la industria fue parte de nuestras oportunidades de progreso.

Hoy vivo muy lejos, pero allí siguen mis afectos, amigos que trabajan en la fábrica, vecinos y familiares que sufrirán las consecuencias de su cierre. Por eso, esta noticia me toca de cerca, aunque también invita a una reflexión que trasciende cualquier historia personal: cuando una industria cierra en una comunidad pequeña, sus consecuencias llegan mucho más allá de quienes pierden su empleo.

El anuncio del cierre de Papelera del Sur despertó una comprensible angustia. Buena parte de las primeras críticas apuntaron hacia la política económica del Gobierno nacional, particularmente a la apertura de importaciones y sus consecuencias sobre la producción argentina.

Comparto buena parte de esos cuestionamientos. Considero que el Gobierno nacional tiene una responsabilidad significativa en las condiciones que hoy enfrenta nuestra industria. Una apertura comercial que desconozca las diferencias de competitividad y las posibilidades reales de adaptación puede destruir capacidades productivas difíciles de recuperar. Las políticas económicas deben evaluarse también por sus consecuencias sociales, no exclusivamente por sus resultados sobre los precios o los indicadores macroeconómicos.

Sin embargo, me llamó la atención que el papel del empresariado ocupara un lugar considerablemente menor en el debate. Y no me refiero únicamente a los propietarios de Papelera del Sur, sino a una cuestión más profunda: ¿somos igualmente exigentes con la conducta de las personas cuando tienen dinero, prestigio o poder?

La historia económica argentina estuvo atravesada por períodos de protección industrial, subsidios, regulaciones y apertura comercial. En ese escenario hubo empresarios que invirtieron, innovaron y asumieron riesgos genuinos, y otros que encontraron en los privilegios, la falta de competencia o la cercanía con el poder político una fuente de beneficios.

Reconocer esas diferencias es indispensable. Pero también lo es comprender que ninguna empresa prospera exclusivamente por el mérito individual de sus propietarios. Detrás de cualquier actividad productiva existe una construcción colectiva: trabajadores, proveedores, infraestructura pública, instituciones y consumidores que contribuyen a su desarrollo. El capital y la iniciativa privada son fundamentales, pero no actúan en el vacío.

Por eso, vale la pena preguntarnos si hemos construido una concepción demasiado limitada de la actividad empresarial, según la cual al empresario le corresponde procurar su rentabilidad y al Estado resolver las consecuencias sociales de sus decisiones.

No se trata de cuestionar el derecho a obtener ganancias ni de exigir que una empresa sostenga indefinidamente actividades económicamente inviables. La rentabilidad es necesaria para invertir, crecer y generar empleo. Pero la libertad para tomar decisiones empresariales no debería interpretarse como una exención de sus consecuencias frente a la sociedad.

Resulta contradictorio que determinados sectores reclamen protección, incentivos o asistencia estatal cuando las circunstancias lo requieren, pero defiendan una autonomía absoluta cuando esas condiciones cambian. Ambas posiciones pueden tener fundamentos legítimos; lo cuestionable es pretender que los beneficios sean exclusivamente privados mientras los costos sociales queden enteramente a cargo de otros.

El caso de Papelera del Sur permite visualizar esa tensión. Una decisión empresarial, independientemente de las razones económicas que la motiven, puede comprometer el futuro de numerosas familias y afectar profundamente a una comunidad. No conocemos suficientemente la situación financiera de la empresa como para afirmar que existían alternativas viables al cierre. Pero sí podemos preguntarnos qué esfuerzos corresponde realizar frente a una sociedad que contribuyó durante décadas al desarrollo de esa actividad.

Existe, además, una cuestión cultural que merece una reflexión todavía más incómoda.

En Argentina mantenemos una relación contradictoria con el éxito económico. Somos capaces de cuestionar duramente al empresariado y, al mismo tiempo, de admirar ciertas conductas que difícilmente aceptaríamos en otros sectores de la sociedad.

La conocida viveza criolla refleja parte de esa contradicción. Evadir impuestos, aprovechar privilegios o cultivar relaciones indebidas con el poder puede llegar a presentarse como una muestra de habilidad para los negocios, en lugar de reconocerse como una conducta socialmente perjudicial.

No se trata de equiparar esas prácticas con decisiones empresariales legítimas, como el cierre de una actividad. Se trata de advertir que nuestra valoración moral parece depender, en ocasiones, más del éxito o la posición social de quien actúa que de la naturaleza de sus actos.

¿Por qué condenamos con tanta severidad ciertas transgresiones individuales, mientras otras, potencialmente mucho más perjudiciales para el conjunto de la sociedad, encuentran indulgencia cuando sus protagonistas pertenecen a sectores privilegiados?

Quizás porque hemos aprendido a confundir, demasiadas veces, la capacidad de acumular riqueza con una virtud que otorga reconocimiento más allá de los méritos que realmente la justifican.

Esta reflexión también alcanza a funcionarios políticos, jueces, dirigentes sindicales y a todos aquellos cuyas decisiones pueden afectar significativamente la vida de los demás. Sus funciones y obligaciones son diferentes, pero cuanto mayor es su capacidad de influencia, mayor debería ser la exigencia social de integridad.

Tal vez uno de nuestros desafíos sea dejar de considerar la justicia social como una tarea exclusiva de los gobiernos. Las políticas públicas son fundamentales, pero ninguna legislación puede sustituir por completo los valores con los que una sociedad decide convivir.

Y esos valores se transmiten. Las nuevas generaciones aprenden tanto de lo que enseñamos como de las conductas que admiramos, justificamos o elegimos cuestionar. Los empresarios, jueces, sindicalistas y gobernantes del mañana surgirán de la sociedad que estamos formando hoy.

Tornquist necesita respuestas concretas para sus trabajadores y sus familias. Pero esta situación también nos ofrece la oportunidad de revisar nuestras propias convicciones.

Quizás debamos empezar por exigir a todos una misma integridad, reconociendo que quienes tienen mayor poder también tienen una mayor responsabilidad frente a los demás.

Ing. Guillermo Eduardo González
DNI 30.257.876