El Presupuesto 2027 prevé recortes en áreas sensibles

Buenos Aires, 17 septiembre (NA) -- El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 contempla un aumento del gasto total en 5,7%, pero muestra decisiones de recorte en áreas sensibles como la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cambios en las prestaciones en discapacidad y recortes en universidades.

Estos puntos fueron los que provocaron los mayores choques entre el oficialismo y la oposición previo a las elecciones de 2025, período en el que se votaron leyes que aumentaban el gasto público en estas áreas.

El presidente Javier Milei había prometido que tras las elecciones iba a modificar esas leyes a partir de la nueva conformación parlamentaria.

La ejecución de esta advertencia llegó con el presupuesto 2027, donde se avanza en recortes en programas sociales y se aumentan partidas para áreas como defensa para la compra de equipamiento militar.

De aprobarse el presupuesto tal como está y en caso de concretarse las pautas macroeconómicas fijadas por el Poder Ejecutivo -que calculan "una inflación de 29% para 2026 y de 18% para 2027"-, la suba de 5,7% en el gasto público revierte la tendencia descendente registrada en los últimos años, aunque al comparar el nivel proyectado con el crédito devengado en 2023 se observa una disminución del 26,5%.

La evolución presupuestaria muestra un comportamiento desigual entre las distintas finalidades del Estado. Por ejemplo, las partidas destinadas a los "servicios sociales" proyectan "un aumento interanual de 6.1% en términos reales frente a 2026, pero el saldo acumulado entre 2023 y 2026 registra una disminución de 16.1%

Por su parte, los servicios económicos proyectan una caída de 10% entre 2026 y 2027 y un recorte de 68% respecto de 2023, motivado fundamentalmente por la reducción en subsidios a tarifas y energía e infraestructura vial. Esto significa un mayor gasto para familias y empresas. Este es uno de los componentes centrales para sostener el déficit fiscal.

Los datos forman parte del primer informe técnico elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre la base de las planillas oficiales del Ministerio de Economía

En su análisis, el organismo resalta que el 40% de los recortes presupuestarios totales en los últimos cuatro años se explican por las reducciones experimentadas en las partidas en servicios sociales", seguidas por la baja en servicios económicos con una incidencia del "38%.

A su vez, la finalidad "Administración Gubernamental" se proyecta "42% por debajo de 2023" y la "Deuda Pública" muestra una contracción del "26%" en el mismo período comparativo.

Servicios sociales

  * Salud y Seguridad Social: la función "Salud" presenta "un crecimiento interanual del 16% y un aumento de 30% desde 2023. Sin embargo, el reporte aclara que esta variación acumulada "está fuertemente influido por un cambio en el financiamiento del PAMI", ya que tras la "finalización del Impuesto PAIS", parte de sus fondos pasaron a registrarse como transferencias del Tesoro. En "Seguridad Social", el proyecto asigna un incremento de "5% interanual, situándose "2% por debajo de 2023".

   * Educación y Cultura: la iniciativa prevé "un aumento cercano al 8% con respecto al año anterior" (6% según el desglose por finalidad), pero el sector acumula una caída de 44% desde 2023.

   * Trabajo, Promoción y Asistencia Social: la partida para esta función crece un 2% interanual, pero arrastra un recorte acumulado de 74% respecto de 2023.

   * Infraestructura social: Las partidas para "Agua Potable y Alcantarillado" y "Vivienda y Urbanismo" muestran caídas de 93% y 99% frente a 2023, respectivamente. El informe aclara que los recursos para urbanización "se canalizaba a través del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana, que no está contemplado en estas partidas y que también fue desfinanciado".

Niñez y Asignaciones: eliminación de la fórmula de movilidad

En lo relativo a las transferencias monetarias para la infancia y adolescencia -que engloban la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar (PA), el Plan 1000 Días, Asignaciones Familiares y la Beca Progresar-, la proyección para 2027 ubica los recursos en un nivel similar al 2023, año en que se produjo una caída de más del 20% respecto a los dos períodos anteriores.

El informe expone una brecha según la modalidad de actualización: las prestaciones con fórmula automática recuperaron 31,9% desde 2023, mientras que aquellas sujetas a ajustes discrecionales sufrieron un recorte del 50,5%.

En ese marco, la Prestación Alimentar estuvo sin aumento durante 23 meses y tuvo su cobertura mínima en abril de 2026.

Un punto central de la iniciativa oficial se ubica en el artículo 17 del Proyecto, que propone eliminar la movilidad de la AUH y de las Asignaciones Familiares mediante la derogación de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160.

ACIJ destaca que la norma "vuelve completamente discrecionales los aumentos y pone en riesgo el valor de la AUH y su capacidad de cobertura", advirtiendo que la aplicación de una regla fiscal estricta "puede suponer un serio obstáculo para incrementos presupuestarios no previstos en la ley".

Universidades y pérdida del poder adquisitivo docente

Para el programa "Desarrollo de la Educación Superior", el proyecto ratifica los niveles de 2026, lo que implica que en 2027 las Universidades tendrán 24,9% menos que en 2023.

Frente al reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que estimó que requería $11 billones para cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, el articulado contempla asignaciones por $ 7,5 billones", es decir, un 32% menos que lo requerido por el CIN.

En materia salarial, el estudio detalla que los salarios docentes, en términos reales, perdieron un 25% de su poder adquisitivo en el periodo 2023-2026 y un 47%, entre 2015-2026. Como ejemplo representativo, un cargo de Ayudante de 1° de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con dedicación simple percibió $ 374.485,49 en agosto 2026, cuando ajustado por inflación debería haber cobrado 34,5% más ($503.796,37).

Políticas de Discapacidad y reformulación de pensiones

  * Fin del arancel único: los artículos 39 y 41 eliminan la pauta uniforme del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas, estableciendo que "cada ente obligado podrá determinarlo en su relación con los prestadores". Según ACIJ, el cambio genera que la cobertura se transforme en "un factor de desigualdad".

   * Reorganización de pensiones: se elimina la "Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social (PNCDPS)" creada por la Ley de Emergencia y se mantiene únicamente la "Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNCIL)". Los fondos proyectados para la PNCIL suben un 8,5% respecto de 2026, pero se posicionan un 26,5% más bajos que en 2023.

    * Incluir Salud: El programa de cobertura médica para beneficiarios de pensiones registra un recorte del 13,9% respecto de 2026 y de un 19% respecto de 2023.

Género y Salud Sexual: consolidación de bajas presupuestarias

  * Por tercer año consecutivo, el "Programa Acompañar y la Línea 144 continúan sin aparecer como partidas específicas". Al evaluar el conjunto de acciones de protección a víctimas y Ley Brisa, los recursos acumulados para 2027 quedan aproximadamente 89% por debajo de los niveles de 2023, en términos reales.

   * Salud sexual y reproductiva: El "Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable" prevé un crédito de "$ 33.800 millones" para 2027, cifra que se ubica casi 30% por debajo de 2023.

   * Educación Sexual Integral (ESI): La partida asignada es de $ 30 millones, un 98,5% menos que en 2023.

El informe remarca además que entre 2023 y 2024, la cantidad prevista de docentes capacitados pasó de 65.000 a 900 y las provincias asistidas de 24 a 6, dejando de informarse a partir de 2026.

Giro en Obra Pública y gastos tributarios

El esquema de infraestructura consolida la retirada del financiamiento directo del Estado nacional. De un universo de 2.339 obras, la administración central precisa que 1.683 fueron dadas de baja o ingresaron en procesos de rescisión, 457 pasaron a provincias o municipios y sólo 199 quedaron bajo gestión directa de Nación.

En términos de montos, el gasto de capital disminuye de "$ 18,4 billones en 2023" a "$ 3,8 billones previstos para 2027, lo que fija el nivel de inversión pública "cerca de 80% por debajo del nivel de 2023".

En contraposición, el artículo 67 contempla incentivos fiscales para concesionarios privados de rutas, mediante "amortización acelerada de inversiones, reintegro o crédito fiscal de IVA e imputación del Impuesto a los Débitos y Créditos, sustituyendo el desembolso presupuestario directo por gastos tributarios.