Buenos Aires, 11 junio (NA) — La Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó un régimen de autorización automática para emisiones de deuda y acciones que apunta a facilitar el financiamiento de las empresas y mejorar el funcionamiento del mercado de capitales.
Lo hizo a través de una serie de resolución que publicó este jueves en el Boletín Oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El eje central de esta normativa es la creación del “Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto Ampliado”, un mecanismo que elimina la necesidad de obtener aprobación previa del organismo regulador para la mayoría de las emisiones de títulos valores que se realicen en el ámbito local.
De acuerdo con la reglamentación técnica, las empresas podrán emitir acciones u obligaciones negociables por un monto de hasta 100 millones de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), lo cual representa una cifra estimada de entre 130 y 140 millones de dólares al tipo de cambio actual, sin requerir la intervención autorizante de la CNV.
Este cambio reemplaza el proceso de aprobación administrativa por un sistema de presentación informativa, conocido técnicamente como notice o filing.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que esta medida “básicamente implica que la gran mayoría de las emisiones de deuda de menos de unos 130/140 millones de dólares no van a necesitar autorización previa de la CNV para ser emitidas”.
Según el funcionario, el cambio normativo busca que los operadores del mercado actúen con mayor celeridad, señalando que “a partir de hoy la decisión de cuando emitir queda en manos de los CFOs y no de un burócrata al que había que ir a rendirle pleitesía para la autorización”.
La nueva normativa no solo afecta a las empresas emisoras, sino también a la definición de los actores que pueden participar en el mercado. Se ha reducido el patrimonio mínimo requerido para que una persona física residente sea considerada Inversor Calificado. El umbral descendió de 350.000 UVA a 200.000 UVA, lo que equivale aproximadamente a 70 millones de pesos o 300.000 dólares en activos o depósitos dentro del sistema financiero.
Esta reclasificación tiene un impacto directo en el volumen de las emisiones.
Para aquellas transacciones que superen los 100 millones de UVA, tampoco se requerirá aprobación previa siempre que los instrumentos se dirijan exclusivamente a este segmento de inversores calificados.
Sturzenegger fundamentó este cambio bajo la premisa de que “se confía en la capacidad de discernimiento del inversor y se deja interactuar libremente al oferente de ahorro con el demandante de ahorro”.
En cuanto a los instrumentos de inversión colectiva, la reforma establece diferencias operativas:
- Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA): Se elimina la aprobación previa sin considerar el tamaño del fondo ni el perfil del comprador.
- Fondos Comunes de Inversión Cerrados (FCIC), Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros: Se integran al régimen de autorización automática hasta el tope de los 100 millones de UVA.
El nuevo marco regulatorio contempla facilidades para las pequeñas y medianas empresas. Las PyME CNV y aquellas emisoras que cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) podrán acceder al régimen ampliado de forma acumulativa con los beneficios ya existentes para su sector. En estos casos, no se les exigirá contar con una comisión fiscalizadora ni presentar estados contables bajo las normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), siempre que permanezcan dentro del régimen específico para PyMEs.
Para las empresas de mayor envergadura que opten por el régimen automático, se mantiene la obligación de cumplir con el régimen informativo pleno, que incluye la comunicación de hechos relevantes y la presentación de balances bajo estándares internacionales, aunque se les otorga un plazo de 180 días para adecuarse a estas últimas.
Sobre el alcance productivo de la norma, el ministro Sturzenegger afirmó que el objetivo es que el mercado de capitales se convierta en una alternativa real frente al crédito bancario tradicional: “Ahora será mucho más fácil para una PYME emitir un bono para financiarse sin recurrir a otros mecanismos formales o informales. Para un productor agropecuario (…) se le hace posible pensar en emitir acciones en vez de recalar inexorablemente en una deuda bancaria”.
Sturzenegger sostuvo que, con la eliminación de la carga burocrática, “ahora le toca al sector privado recoger el guante, innovar, salir a buscar empresas que necesiten capital y conectarlas con los argentinos que están ansiosos de poder invertir en su país”.
