Caen los ingresos provinciales y crece la conflictividad
Menor recaudación y coparticipación tensionan el gasto social y elevan los conflictos laborales.
En promedio, el primer trimestre de 2026 muestra una caída de 6,1% en RON y -8,0% en Coparticipación. A esto se suma que, desde el inicio de la gestión de Milei, los recursos propios de las provincias han sufrido una caída real promedio del 7,3% (período dic/23 – dic/25) en comparación con el promedio de la etapa anterior (ene/22 – nov/23). Además, en enero 2026 (último dato disponible) los ROP se redujeron 3,5% en términos reales interanuales.
En 2025, en ninguna provincia los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) representaron más del 2% del total de sus recursos, considerando la suma de Recursos de Origen Nacional (incluida la Coparticipación Federal de Impuestos) y Recursos de Origen Provincial, por lo que no representan una solución a la merma de ingresos nacionales y provinciales.Para comprender en qué afecta la caída de la recaudación nacional es necesario examinar la estructura del gasto de las principales jurisdicciones.
El gasto provincial se concentra en servicios sociales (que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad) que representan, en promedio, entre el 70% y 80% del total erogado.La caída de la recaudación implicó ajustes en algunos de los sectores donde se concentra el gasto.
De allí que todas las provincias argentinas presentan casos de conflictividad en sectores como educación, salud, seguridad, jubilaciones y justicia.Desde inicios del 2026 se registraron al menos 92 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país. El 80,4% siguen activos y no logran solucionarse, mientras que el 19,6% se resolvieron momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria.
En respuesta a esta situación, el Gobierno nacional anunció —según periodista de Infobae— que oficializará por decreto un régimen de adelantos de fondos coparticipables para 12 provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán), con un tope de $400.000 millones, sujeto a devolución a lo largo del año con una tasa del 15%.
En definitiva, la dinámica ha sido la siguiente: la caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por Coparticipación y en caída de recaudación de impuestos propios de las provincias. Ello tensionó las relaciones laborales en el sector público y generó recortes en salud, educación, seguridad social, seguridad y/o justicia. Se multiplicaron los conflictos.
Para paliar el problema, el Estado nacional interviene proponiendo adelantos de coparticipación, que implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad. La necesidad de recursos debilita, aún más, el poder de negociación de las provincias: de ahora en más, el gobierno nacional sólo ofrecerá mantener el esquema de adelantos.
