Universidades cuestionan el presupuesto 2026 y exigen la aplicación de la ley de actualización
Los rectores reclaman 7,2 billones y rechazan el recorte mientras el Gobierno impone nuevas condiciones de rendición.
Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) — Las universidades nacionales recibirán en 2026 unos 4,8 billones de pesos, un aumento que de todos modos es rechazado por los rectores, que reclaman la aplicación de la ley sancionada por el Congreso y que establecía un mecanismo de actualización de sus recursos en forma progresiva.
Las partidas que se destinarán a esas casas de estudio están contempladas en el Presupuesto 2026 que el Gobierno buscará aprobar, con el apoyo de sus aliados, en las sesiones extraordinarias que se realizarán entre el 10 y el 31 de diciembre.
El Consejo Interuniversitario Nacional solicita que se asignen 7,2 billones de pesos para poder hacer frente al gasto de mantenimiento de las universidades, además de una recomposición salarial del personal docente y no docente.
El Gobierno rechaza esa petición, pero diputados aliados del oficialismo no descartan que haya algún incremento para las casas de estudio, según informaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.
La ley de aumento de los fondos para las universidades fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial, pero el Gobierno decidió no aplicarla al sostener que no se definía de dónde saldrían los recursos, lo que generó un fuerte rechazo de sectores opositores.
La administración libertaria además estableció en el Presupuesto Nacional los criterios que tendrán que seguir las universidades de rendición de gastos para obtener los recursos que se proyectan para cada una de esas altas casas de estudio.
En ese sentido, se dispuso que deberán presentar ante la Subsecretaria de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto.
“El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”, agrega el proyecto.
A su vez, sostiene que “el presupuesto aprobado por cada universidad para el ejercicio fiscal deberá indicar la clasificación funcional de educación y cultura; salud y ciencia, tecnología e innovación. La ejecución presupuestaria y contable, así como la cuenta de inversión deberán considerar asimismo el clasificador funcional”.
Tampoco se aplicará por tercer año consecutivo la ley de Financiamiento Docente que establecía que debía destinarse el 6% del PBI, ni se aplicarán los niveles de inversiones establecidos en la Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.
Con respecto a la ley de Financiamiento Educativo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) destacó que el Gobierno decidió “derogar los pisos de inversión de la ley de Educación Nacional” y señaló que la “la modificación planteada consiste en la eliminación de valores de referencia establecidos por norma quedando dichas asignaciones definidas anualmente por las respectivas leyes de presupuesto”.
“El objetivo de inversión del 6% del PIB para el sistema educativo registró cumplimiento en un solo ejercicio”, señaló la OPC.
Además, destacó que “el piso del 0,2% de los ingresos corrientes para la Educación Técnico Profesional sólo se alcanzó en su primer año de existencia de ese fondo. En lo que respecta a Ciencia y Tecnología, nunca se alcanzaron las metas de crecimiento progresivo para la función”.
