La UCR y el PJ avanzan con la ley de Discapacidad

Buenos Aires, 3 julio (NA) — Senadores peronistas y radicales decidieron hoy avanzar con la  declaración de emergencia al firmar un dictamen de respaldo a la sanción de ese proyecto de ley por parte de la Cámara de Diputados, lo que implicó un nuevo traspié para el oficialismo, que rechaza esa iniciativa.

Ahora, los bloques de Unión por la Patria (UxP) buscan acuerdos con la UCR y los provinciales para obtener los dos tercios necesarios para tratar sobre tablas los proyectos de Discapacidad y aumento de las jubilaciones.

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 4 de junio, que busca declarar la emergencia sobre discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026 con el fin de actualizar las prestaciones y las pensiones, fue debatido en la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado, que preside la legisladora kirchnerista Stefanía Cora, y logró el respaldo de 8 firmas de UxP y tres de la UCR con disidencias parciales.

De todos modos, el proyecto debe ser tratado en la Comisión de Presupuesto, que preside el libertario Ezequiel Atauche, quien se resiste a convocar a ese organismo como pidieron en una nota los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco y la legisladora de Provincias Unidas Alejandro Vigo, además de la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri.

Si el oficialismo no abriera la comisión de Presupuesto, la oposición pedirá una sesión especial para tratarla sobre tablas la próxima semana junto con el aumento de las jubilaciones.

Al abrir la reunión, Cora dijo que “el objeto de esta reunión es poder tratar esta emergencia en materia de discapacidad, algo urgente e importante como nos lo han hecho saber las organizaciones, familiares, prestadores y transportistas”.

Señaló que se decidió convocar a la Comisión de Población para tratar la media sanción de Diputados porque “no hemos logrado que la Comisión de Presupuesto convoque en estas tres semanas para debatir la declaración de emergencia”.

Cora defendió la iniciativa y dijo que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó “un gasto del 0,03% del PBI. Para muchos de nosotros no es un gasto, sino una deuda del Estado”, añadió.

En el ultimo tramo de la reunión, la legisladora entrerriana de La Cámpora confirmó que el despacho alcanzó las 11 firmas, de las cuales ocho pertenecen a UxP y tres a radicales en disidencia parcial.

En cambio, una de las legisladoras que expresó su oposición fue la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, quien señaló que “no hace falta una nueva ley sino actualizar el valor de las prestaciones y gestionar como corresponde”.

También señaló que presentó “un proyecto de ley de inserción laboral que incluye la compatibilidad para que puedan trabajar formalmente las personas con discapacidad”, y se preguntó “por qué no lo hicieron antes”.

Desde la UCR, Víctor Zimmerman celebró que se debata este tema “tan urgente. Con este proyecto se pretende fortalecer las prestaciones y también establecer la posibilidad de disponer financiamiento a la Agencia Nacional de Discapacidad”, remarcó.

En su discurso criticó al kirchnerismo al señalar que parece que “de este lado estamos los malos y de ese lado están los buenos”.

Si bien los radicales criticaron el apuro en sacar el dictamen y que no se hubiera tratado primero en la comisión de cabecera, que es la de Presupuesto, firmó el dictamen en disidencia parcial.

Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti, de UxP, pidió a sus pares no irse “al receso sin que esto sea tratado por el Congreso” y dijo que es necesario “llevarlo la semana que viene al recinto de sesiones”.

Destacó que la pensión por discapacidad “es una cuestión de derechos que se deben garantizar. Tenemos que hacernos cargo de esta emergencia extrema que están viviendo las personas y quienes tienen un integrante con discapacidad en la Argentina”.

La iniciativa había sido aprobada en Diputados por 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, y el proyecto recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.

En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.